Primero fueron los coches compartidos. Después le llegó el turno al alquiler de motos y bicicletas por minutos. La aparición de nuevas formas y empresas de movilidad compartida en las ciudades puede suponer una buena solución para optimizar el modo de desplazarse, pero también abre un debate sobre el uso del espacio público. Y es que este modelo de movilidad compartida, cada vez más extendido, se puede convertir en una herramienta para la gestión de la movilidad sostenible –optimizando recursos y reduciendo la contaminación– siempre que su existencia sea compatible con el uso racional del espacio público de la ciudad.
Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona de diciembre del año pasado, en la ciudad operan dos empresas de carsharing, cinco de motosharing y dos de bikesharing. Aparte, existen otras plataformas para compartir coche, como webs para compartir vehículo entre particulares u otros en que lo que se comparte es el trayecto, así como una cooperativa en que se comparten vehículos eléctricos. Los patinetes eléctricos compartidos, que surgieron fugazmente en la ciudad, sí que están prohibidos por ordenanza municipal.
Las operadoras de sharing trabajan con diferentes modalidades de servicio: desplazamiento libre, con o sin estaciones fijas, o desplazamiento circular. Según un estudio encargado por el consistorio barcelonés, los usuarios tipo de estos servicios tienen una edad comprendida entre los 26 y los 35 años, los utilizan más hombres que mujeres y son personas con renta media y media alta y con un elevado nivel de estudios. En general, no son usuarios habituales de coche y tienen unos hábitos de movilidad intermodal (utilizan los medios alternativos al coche: bicicleta, transporte público y desplazamientos a pie) y utilizan este tipo de empresas de vehículo compartido para desplazamientos puntuales.
Desde el Ayuntamiento se considera que los servicios de movilidad compartida son un buen elemento para reducir y renovar el parque de vehículos existente, disminuir la contaminación, fomentar una movilidad más sostenible, gestionar el aparcamiento e impulsar el vehículo eléctrico. Sin embargo, también son conscientes de la necesidad de establecer un marco regulador que evite una excesiva ocupación del espacio público y del aparcamiento o un impacto negativo sobre la seguridad vial. En este sentido, desde principios de año se está trabajando para fijar una regulación que permita reglar los servicios de sharing de la ciudad. El objetivo de esta regulación es, por una parte, permitir a los operadores explotar los sistemas de forma segura y estable y, por otra, facilitar al Ayuntamiento definir los usos y espacios determinados en el espacio público y minimizar así los impactos de estos servicios
